La Política Nacional de Riego, implementada por la Ley 12.787/13, busca incentivar la ampliación de la superficie de riego en el país, el aumento de la productividad, y promover el aumento de la competitividad de la agroindustria.

También fomenta la formación y capacitación de recursos humanos para el sector, y prevé la colaboración de los Ministerios de Integración Nacional (MI) y de Desarrollo Agrario (MDA) para la asistencia técnica rural a los agricultores de riego. Entre los instrumentos establecidos por la nueva ley se encuentra el Consejo Nacional de Irrigación, para actuar en la discusión y el fortalecimiento de la política nacional, el Sistema Nacional de Información de riego que apoya las decisiones relacionadas con la gestión y los proyectos de políticas en el sector, y los Planes de Irrigación. 

La ley también permite que se caracterice como de utilidad pública la construcción de barreras y embalses para su uso en el riego. También fortalece que el crédito rural sea puesto a disposición para permitir la compra de equipo de riego, contribuyendo al uso eficiente de los recursos hídricos.